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“Prohíbo por vía de Ley y regla general que jamás pueda volver a admitirse en todos mis Reinos en particular a ningún individuo de la Compañía ni en Cuerpo de Comunidad con ningún pretexto ni colorido que sea, ni sobre ello admitirá el mi Consejo, ni otro Tribunal, instancia alguna; antes bien, tomarán a prevención las justicias las más severas providencias contra los infractores, auxiliadores y cooperantes de semejante intento, castigándoles como perturbadores del sosiego público. […] Todo el que mantuviere correspondencia con los Jesuitas, por prohibirse general y absolutamente, será castigado a proporción de su culpa”. (Carlos III, 1767)
El 9 de septiembre
de 1767 en la madrugada, el virrey Manuel Amat se encargó de capturar a los
jesuitas de Lima, con un grupo de 700 soldados. Acusados estos por el gobierno
de Carlos III de conspiración y de promover levantamientos. Primero
intervinieron el noviciado de San Antonio Abad y la hacienda de Santa Beatriz,
recluyendo a los clérigos capturados en el Colegio de San Pedro.
El 29 de octubre
de 1767 los jesuitas de Lima fueron embarcados en un navío rumbo a España. Otro
grupo fue embarcado el 15 de diciembre de 1767 y en enero de 1768 fueron
embarcados dos grupos más de jesuitas de las provincias.
Las propiedades de
los jesuitas fueron confiscados por el gobierno y se dispuso que la Junta de
Temporalidades se encargara de la administración de estas.
La expulsión de
los jesuitas dejó un vacío en varios aspectos de la sociedad virreinal y un
déficit en el campo agrícola, lo que daría pie a una serie de levantamientos de
indios y esclavos en las haciendas costeras en los siguientes años, quienes
exigían el retorno de los clérigos jesuitas.
Referencia:
.- Esclavitud,
economía y evangelización: las haciendas jesuitas en la América virreinal,
Manuel María Marzal (2005).
